La casa que hace las sombras

El "gran jefe", como sofisma de distracción, está cazando pelea con los gobiernos de la región que no se han alineado a su proyecto neocomunista y hegemónico. Mientras tanto, internamente la Asamblea Nacional le hace el trabajo sucio de subsumir al país a una dictadura. Este jueves 30 de julio, el Parlamento fue escenario de la vileza más repudiable que puede sufrir una democracia. Se dieron dos saltos para abolir en el país dos derechos fundamentales: la libertad de elegir y la libertad de expresión. Por un lado, se aprobó en segunda discusión, en una maratónica y apresurada jornada de unas 11 horas, casi el 100% de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Fue grotesco presenciar cómo a la ligera y de manera atropellada los parlamentarios cortaban de raíz toda posibilidad de que en Venezuela pueda existir una convivencia plural y democrática. Y por otro, recibió con beneplácito una propuesta de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, para promulgar una ley penal sobre delitos mediáticos que exterminaría totalmente el derecho de informar en libertad. En el primer caso, los venezolanos tienen como un hecho ya cumplido, una Ley que regirá todo proceso electoral donde se viola flagrantemente el artículo 63 de la Constitución de la República. Este artículo establece que el Sistema Electoral de Venezuela debe garantizar "personalización del sufragio y la representación proporcional". El espíritu de esta norma era garantizar la representación de las minorías en los cuerpos legislativos (Asamblea Nacional, legislaciones estadales y del Distrito Capital, y los concejos municipales).Lo medular del texto de ley aprobado este jueves es que impone un cambio radical del sistema electoral vigente, para dar paso, sin discusión pública y a espaldas de la sociedad venezolana, a un "sistema electoral paralelo". Un sistema donde las diferentes visiones de país de la población no estarán representadas con equidad en las legislaturas. Adicionalmente, la ley que este viernes terminarán de rematar los parlamentarios rojitos, le da amplias facultades al CNE para cambiar y mover de manera arbitraria y opaca los circuitos electorales. Y además, le otorga una gran discrecionalidad para que elabore normativas y resoluciones que regulen, amplíen o restrinjan a los procesos electorales. Es decir, para que le haga el traje electoral a la medida de las ambiciones del primer mandatario. El resultado es que el Gobierno seguirá borrando la democracia en Venezuela, para imponer su dictadura a la cubana protegido con una bufa legalidad.Con esta ley en marcha a la sociedad democrática sólo le quedan tres caminos. Todos igual de espinosos. El primero, exigirle al Consejo Nacional Electoral, como supuesto poder independiente que debería ser, que cumpla con el artículo 293 de la Constitución que lo obliga a ser garante de que el Sistema Electoral garantice la proporcionalidad, so pena de que se le aplique el artículo 25 que establece la responsabilidad penal y administrativa a todo ente del Estado que viole la norma constitucional. El segundo, recurrir al Tribunal Supremo de Justicia y a todos los entes internacionales de justicia para que se obligue al Gobierno a retornar las leyes al marco constitucional. El tercero, la activación de la sociedad para exigir el cumplimiento de la Constitución. Tres acciones que se deben realizar antes de que los parlamentarios rojitos en tropelía, aprueben en otra maratónica jornada una ley de delitos mediáticos, que llevará a la cárcel a cuanto venezolano diga esta boca es mía. Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.