Asalto agravado a la propiedad

La Asamblea Nacional puso en manos del Ejecutivo otro instrumento legal para continuar con el asalto agravado a la propiedad privada. En poco más de 76 horas aprobó la nueva Ley de Tierras Urbanas cuyo objetivo sería el de "regular el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat". Lo cierto es que en la Venezuela chavista esta Ley constituye otra embestida más del Gobierno a la garantía constitucional del derecho de propiedad. La incompetencia de un Gobierno donde reina la ineptitud nuevamente lo lleva a tomar atajos para intentar cumplir con sus deberes, en desmedro de derechos ciudadanos. La nueva Ley de Tierras Urbanas es una mampara totalitaria que busca recuperar el tiempo malgastado por la política habitacional improductiva e ineficiente que ha imperado en estos diez años, con la cual tan sólo se han construido 385.869 viviendas, cuando el déficit habitacional está cerca de 1,8 millones de unidades. Para lograr resultados positivos, una política habitacional requiere de tiempo, planificación, eficiencia y probidad. Para comenzar, es indispensable iniciar con un proceso de urbanización, donde están implícitos el desarrollo de servicios públicos, asistenciales, educacionales, así como la cercanía a fuentes de empleo. En estos diez años de Gobierno de Chávez, se ha demostrado hasta el cansancio la ineptitud del Ejecutivo para concretar estos desarrollos urbanísticos. Ahora, con la Ley de Tierras Urbanas tendrá la golilla de apropiarse de tierras ya urbanizadas, mediante el despojo de propiedades ajenas, para supuestamente darle un uso social. Según el artículo 6, serán sujetos a esta ley todas aquellas tierras sin uso, ubicadas en áreas centrales de ciudades, y municipios, equipadas de servicios públicos, que estén abandonadas por sus propietarios; las que no estén edificadas o cualquier otra que determine el Ejecutivo. Este último punto deja abierta toda una compuerta para que el Ejecutivo la aplique a su libre albedrío y discrecionalidad, y se cometa todo tipo de arbitrariedad.Por otro lado, el proceso para la estimación de precios que estipula la nueva Ley para las propiedades afectadas, hará que los mismos estén siempre por debajo del valor de mercado. Esto constituye una violación a la norma constitucional que establece el derecho de los ciudadanos a recibir oportunamente un precio justo por sus bienes o las propiedades que sean sujetas a enajenación o expropiación por parte del Estado.Además, esta Ley generará en los ciudadanos una percepción de inseguridad jurídica y de vulnerabilidad de sus derechos, dado que para que se abra un procedimiento en contra de una propiedad, bastará que cualquier comunidad organizada presente una denuncia de las eventuales tierras urbanas que "estén presuntamente sin uso". Más grave aún es que en un tiempo récord de 35 días hábiles, la toma de la propiedad quedaría judicialmente firme y sujeta a ocupación preventiva sin pago por delante. Con esta Ley se reafirma el espíritu totalitario del régimen chavista, el cual con premeditación y alevosía se niega a seguir los lineamientos que dictan la Constitución y las leyes vigentes. En éstas están perfectamente establecidos los procesos legales para que el Estado reclame o expropie un bien o propiedad salvaguardando los derechos de los ciudadanos. Pero, como es bien sabido en tiempos de revolución, es más fácil destruir y arrebatarle los bienes a otros que construir prosperidad para todos. Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.