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Ley del embudo
Como en toda esta historia de inventos revolucionarios, en las relaciones
empleador-empleados, el Gobierno impone legislaciones para estrangular a las
empresas privadas mientras flagrantemente las empresas del Estado y todo el
sector público se las pasa a la torera.
Es el caso, por ejemplo, de la inamovilidad laboral que se estatuyó en
Venezuela hace casi 11 años (desde el 30 de septiembre de 2004) para quedarse
indefinidamente. Una medida que torna imposible a cualquier empresa prescindir
de los servicios de un trabajador, por mucho que lo justifique, y aunque
termine pagando un salario a quién no produce ni aporta su contraparte en la
relación laboral. Una excepción a esta regla, son los periodistas,
articulistas, analistas, columnistas, caricaturistas y humoristas contestatarios
que resultan incómodos al Gobierno, a quienes por presiones de algún
funcionario o de Miraflores, vienen siendo botados arbitrariamente. Mientras
que en el sector público, para ser sacados de nómina solo basta no comulgar con
el proceso, no obedecer el mandato del jefe a asistir a un evento político, o
incluso manifestar en sus redes privadas alguna crítica a la revolución.
Otro caso donde lo ancho del embudo está del lado del Gobierno es la
aplicación del decreto habilitante de la Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT) sobre
la normativa de la Tercerización, que entró en vigencia el 7 de mayo de este
año (al cumplir un vacatio legis de tres años
contados desde la publicación del decreto-ley).
Cabe acotar que esta Ley y sus normativas fueron promulgadas inconsultamente,
sin participación alguna del resto de los dos actores del sector laboral
(trabajadores y empleadores).
Su redacción es ambigua y discrecional. No es explícita en quiénes son
trabajadores tercerizados, lo cual ha causado preocupación en el sector
empresarial, pues pueden ser sujetos de las múltiples sanciones y penalidades
que contempla la Ley. Y, en lo que respecta a los tercerizados de sector
público, este sector aglutina a la mayoría de los trabajadores tercerizados vía
cooperativas, empresas de producción social y el sin fin de empresas que tiene
este Gobierno monopólico, no se conoce con exactitud su número: Ni el INE ni el
Ministerio del Trabajo reportan estos datos.
Ahora, Froilán Barrios, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y
secretario general de la CTV, denuncia en un artículo publicado este miércoles
8 de julio en El Nacional, “las nuevas
tropelías” que violan esta normativa de la LOTTT cometidas por organismos y empresas
del Estado.
Indica Barrios, que el Ministerio de la Defensa y CORPOELEC, han acordado
convenios entre la Gerencia Operativa de Distribución y Comercialización y la
Milicia Bolivariana, para la ejecución del Plan de Pica y Poda en las líneas de
distribución, dentro del plan de acción de la Gran Misión Eléctrica. Este
convenio que busca “proveer del servicio eléctrico para el buen vivir de los
venezolanos en todo el territorio nacional”, utilizaría milicianos
imponiéndoles condiciones de trabajo cuestionables, entre las cuales, quienes
integran las Unidades de Servicio y Mantenimiento del Plan Pica y Poda,
“cumplieron DOS años prestando servicios y recibiendo con retraso la asignación
por ración y alimentación incluso tienen hasta dos y tres meses sin cobrar”.
Explica Barrios que “en realidad son trabajadores tercerizados de
Corpoelec” y, según sus jefes militares, “no tienen derecho a nada, ni a
prestaciones sociales, ni seguridad social, quienes se valen de la indefinición
de estos trabajadores para imponerles condiciones de trabajo esclavo, no
conocidas siquiera en las maquilas de América Central”.
Puntualiza que “siendo un gobierno que se define obrerista es detestable
que mantenga al personal y lo manipule bajo la figura militar, para negarle sus
derechos laborales y sindicales. De igual modo es lamentable que el Ministerio
de la Defensa a través de la Milicia Bolivariana utilice práctica de mercaderes
de personal como en la China Comunista”.
Lo grave es que según afirma Barrios, “esta práctica se ha extendido a
empresas públicas como SIDOR, PDVSA, Hidrobolívar, Inviobras”.
La ironía es que mientras miles de trabajadores venezolanos sufren este
trato esclavo, el Gobierno está utilizando a sus sindicatos bolivarianos para
ahorcar a Empresas Polar, una de las empresas que brinda mayores beneficios
laborales y sociales a sus trabajadores.
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