jueves, 4 de agosto de 2011

Por qué no les abriré mi puerta


Por: Luis Manuel Aguana - Los Censos de Población y Vivienda son instrumentos básicos de Planificación a largo plazo en cualquier país del mundo. Los datos que se recaban les sirven a los Estados para entender como se ha extendido la población a lo largo y ancho del territorio en un periodo de 10 años y para tomar decisiones trascendentales de la vida de un país. Decisiones como cuantas escuelas y hospitales deberían existir y donde deberían ubicarse, que tantos acueductos, vías de penetración, comunicaciones y electricidad deberían necesitarse y donde, son parte de las decisiones que se toman derivadas de la información que se procesa del Censo. Asimismo, el saber cuantas personas viven en el país y donde se encuentran, les indican a los organismos electorales cuantos diputados deberán existir por circunscripción en los siguientes 10 años. Imagínense cuantas decisiones a favor de un país podrían tomarse de ser utilizados estos datos para el bienestar de la población. Sin embargo, lamentablemente, ese no será el caso en la Venezuela de hoy con el próximo Censo de Población y Vivienda. Tenemos historia fundamentada de la utilización que ha hecho este gobierno con los datos personales de los ciudadanos, donde el ejemplo más doloroso lo ha representado la mal llamada “Lista de Tascón” y que este escribidor ha rebautizado como “Lista de Chávez” (ver Un Réquiem por Luis Tascón en http://ticsddhh.blogspot.com/2010/08/un-requiem-por-luis-tascon.html) al ser este ultimo su principal instigador y el primero su autor material. Los venezolanos corremos el altísimo riesgo de que nuestros datos personales se encuentren en una base de datos administrada por extranjeros de nacionalidad cubana. Asimismo, la prensa nos ha informado (ver Siete Días, El Nacional 17 de Julio 2011) que será una empresa cubana la que elaborará y administrará la expedición de nuestro principal documento de identificación, la cédula de identidad, y que contendrá datos personalísimos que además de los conocidos nombres y apellidos y fecha de nacimiento, almacenará adicionalmente la identificación biométrica de las huellas dactilares, pago de impuestos, firma y fotografía digital. Inclusive se ha hablado de incluir el tipo de sangre y la historia médica. El gobierno nacional ha puesto en manos de extranjeros todos los datos actuales de los venezolanos. La Protección de Datos Personales es una deuda que tienen la mayoría de los países latinoamericanos para con sus ciudadanos. Sin embargo, varios de ellos han empezado a saldar esa deuda, como el caso del Perú, que recientemente aprobó el Proyecto de Ley No. 4079/2009-PE, publicado el 3 de Julio de 2011, como Ley No. 29733, Ley de Protección de Datos Personales, que desarrolla el contenido del derecho fundamental de la protección a la vida privada reconocido en el artículo 2º inciso 6º de la Constitución peruana de 1993, así como establece medidas orientadas a su respeto y garantía. Otro caso es el de Uruguay, que decretó en el año 2008 la Ley Nº 18.331, Ley de Protección de Datos Personales y Acción de “Habeas Data”, fundamentada en el Artículo 72 de su Constitución que resguarda también la vida privada de sus ciudadanos. Así como estos casos, el resto de los países latinoamericanos se encuentran en el desarrollo de sus normas correspondientes. Sin embargo en nuestro país esa norma no se divisa por ningún lado. Existe en la actualidad un Anteproyecto denominado “Proyecto de Ley de Protección de Datos y Habeas Data en Venezuela” que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional y que estuvo en la Agenda Legislativa en el año 2004. Como se verá, existe una preocupación legítima en Latinoamérica acerca de lo que pueden hacer los gobiernos con los datos personales de los ciudadanos a la luz de las nuevas tecnologías de información. De no existir en el ordenamiento jurídico vigente una Ley que reglamente lo previsto en los Artículos 28, 48 y 60 de nuestra Constitución en relación a la protección de la privacidad de los ciudadanos, lo que nos queda es negarnos a proveer mas información a un gobierno que ha demostrado fehacientemente no tener ningún respeto a la norma Constitucional. ¿Como es posible que Perú, por solo citar el ejemplo descrito, que seencuentra por debajo de Venezuela en penetración digital como lo indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su índice de penetración de tecnologías, ya posea una ley vigente aprobada este mes, que norma lo previsto en su Constitución acerca de la protección a la privacidad de los datos de sus ciudadanos? La respuesta nos la da el propio gobierno al poner todos los datos de la población en manos de los cubanos: no está en su interés protegerlos. En la medida que nos encontremos más desprotegidos mayor será la invasión a nuestra intimidad y privacidad y presas fáciles del Estado totalitario castrocomunista que intentan imponernos. El Director del Instituto Nacional de Estadística, INE, se ha apresurado a decir, preocupado por esta situación, que los datos que se suministren en el Censo serán secretos y protegidos por el “Secreto Estadístico”. Eso sería cierto en cualquier país civilizado con un Estado de Derecho en el que se cumpla la Constitución. Los venezolanos tenemos sobradas razones para creer que esos datos personales que se entreguen a los funcionarios del INE no serán utilizados para lo que deberían ser utilizados. Tal vez nada de lo que diga o prometa el gobierno cambiará este modo de pensar porque ya nos ha probado que ha usado ilegalmente datos de las personas en el pasado, violentando la ley y el Estado de Derecho. Nunca antes los venezolanos nos habíamos visto tan desprotegidos cuando la norma Constitucional, que debiera ser el eje principal de esa protección, es violada permanentemente por aquel que está en la obligación en primer lugar de respetarla y hacerla respetar. El hecho de que datos personales como quienes y cuantas personas viven en nuestra casa, cuantas habitaciones tiene, que tipo de vivienda posees, estén en manos de un gobierno como este, es inaceptable para muchos de quienes ese mismo gobierno dispuso que fuéramos discriminados políticamente en Venezuela a través de la Lista de Tascón, que esta más vigente que nunca. No podríamos saber para que utilizaría el gobierno esta información privilegiada y almacenada en medios electrónicos, pero se me ocurre una muy evidente: su utilización política y con fines electorales para la reubicación de más dos millones de personas damnificadas que buscan vivienda y que fueron registradas en la Misión Vivienda del gobierno. Y eso podrían hacerlo de la noche a la mañana utilizando medios informáticos, una vez que conozcan los datos del Censo, violentando así la privacidad de ese “Secreto Estadístico” que el Director del INE dice que protegerá. ¿Se dan cuenta de lo grave que es que un gobierno tenga información privilegiada y que pueda usarla en contra nuestra con fines políticos, pasando por encima de la norma constitucional y nosotros no podamos hacer nada? Como venezolano estoy en mi derecho, como lo establece el Artículo 60: “Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos.”. Y en el ejercicio de ese derecho a mi vida privada, que me concede la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, no les abriré mi puerta.

Agarren palco


Resulta que ahora, un Gobierno que en 12 años ha sido incapaz de construir viviendas, se prepara "legalmente" para seguir robando y secuestrando los derechos de propiedad de los venezolanos. La bancada oficialista avanza en la elaboración de un proyecto de Ley de Alquileres que terminará con lo poco que queda de este mercado, que satisface la demanda de miles de personas, que no tienen acceso o no desean invertir en la compra de una vivienda. Además esta nueva legislación confiscaría los derechos de otros miles de venezolanos que con años de trabajo, construyeron o adquirieron viviendas para alquilar, como forma de ahorro o de sustento. Son varios los proyectos de esta ley que han circulado por meses, cada uno causante de zozobra, por las amenazas que encierran sus articulados para menoscabar el ejercicio de una actividad privada, y por la confiscación de los derechos que impone a los propietarios de viviendas en alquiler. En el proyecto en construcción se lleva adelantada la discusión de 90 de los 150 artículos que contiene el nuevo texto legal. Dentro de lo que ha trascendido a la prensa llaman a alerta que: 1) El Estado fijará el canon de arrendamiento de todos los inmuebles, sin diferenciación alguna por ubicación geográfica. 2) Se fije un plazo mínimo de tres años para los contratos de arrendamiento, con cláusulas que generan un desequilibrio inconstitucional entre los derechos de unos menoscabando los de otros. 3) Se prohíba el cobro de depósitos que garantizan los derechos de los arrendadores en casos de daños al inmueble, dejando en un limbo los derechos éstos. 4) Se cree un registro de inmuebles desocupados por más de dos años, los cuales serían obligados a ofertarlos en alquiler forzoso so riesgo de ser expropiados. 5) Se contemple un alto gravamen para las viviendas desocupadas supuestamente para "promover" su arrendamiento. 6) Que se establezca que el Estado debe garantizar que nadie pase más de 10 años pagando alquiler. Con un Gobierno maula en materia de construcción de viviendas, y con fuerte inclinación a la apropiación indebida de las propiedades de otros, lo seguro es que quien se atreva o sea obligado a dar en alquiler una vivienda, terminará con las manos vacías. A los venezolanos como que no les quedará más que sufrir en carne propia las consecuencias de la abolición de todo derecho a la propiedad privada. ¡Para agarrar palco!
Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.