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lunes, 28 de junio de 2010

Sin chivo ni mecate

Y la AN aprobó, en primera discusión, una reforma a la Ley de Inquilinato, vigente desde 1999, para convertirla en la nueva Ley de Arrendamiento Inmobiliario. Entre las reformas que contendría la Ley estarían:
Que el inquilinato y la necesidad de vivienda es un derecho humano bajo los parámetros de un Estado socialista.
Que la vivienda es un derecho social no mercantilista.
No se valoraría el derecho del propietario a disponer de su propiedad ni de explotarla dándola en alquiler. Por encima de ese derecho constitucional estaría el derecho del inquilino a vivir bajo un techo y no quedarse en la calle.
Que los inquilinos no podrían ser desalojados de las viviendas que ocupan bajo ningún concepto, independientemente de qué cantidad de tiempo tienen ocupando dicha vivienda. En opinión del Gobierno una persona no puede quedar a la intemperie, después de haber estado bajo un techo, así no sea propio.
Que la garantía de protección a inquilinos o arrendatarios sea aplicable a toda edificación con más de 20 años de construida, sobre la cual éstos tendrán el derecho de posesión y que se le adjudique dicho inmueble.
Que el propietario que alquila no podría enajenar o gravar sino a favor del inquilino, éste será la única persona con derecho a adquirirla. Y si el inquilino no está en capacidad económica de comprar, se estaría considerando establecer que el Gobierno compre y luego le asigne la vivienda en calidad de "uso y disfrute", sin otorgar el "derecho a propiedad". El Estado también al comprar podría pasar a ser el arrendador de la vivienda, o podría otorgar un préstamo al inquilino para comprar, bajo la Ley de Política Habitacional o con planes crediticios específicos.
Que el Estado sería quien fije el precio de la vivienda, bien en función de un porcentaje del ingreso familiar o bien en función del salario. Los inmuebles sujetos a la Ley no van a cotizarse a los precios del mercado.
Que parte de los cánones de alquiler pagados hasta determinado momento serían considerados como inicial a la hora en que se defina la venta de inmuebles de vieja data. La idea es que el derecho de preferencia no sea ejercido cuando el propietario vaya a vender la vivienda, sino que se aplique antes.
Que los inmuebles no se apreciarían según la oferta y la demanda y la inflación, sino que se depreciarían por el tiempo de uso. Para el cálculo del justo precio para la venta de viviendas en alquiler de vieja data, se podría considerar una depreciación 1,20% anual, basado en la durabilidad de los materiales de construcción, sin tomar en cuenta la inflación. Esta Ley es un nuevo zarpazo a la propiedad privada, donde propietarios e inquilinos estarían arriesgando el chivo y el mecate. Y lo peor, lejos de resolver el problema habitacional, lo agravaría.
Disponible en inglés en: www.veneconomy.com a partir de las 4:00 p.m.

Pasaremos hambre


Por: Enrique Pereira @pereiralibre - Sigan creyendo que se la están comiendo. Están dándole de comer a un monstruo, que de un momento a otro la emprenderá a dentelladas con cualquiera que encuentre a su paso. El pasado 18 de mayo el gobierno suspendió el mercado de permuta de instrumentos denominados en dólares, que era una vía expedita para la obtención de divisas, para -luego de una espera de cuatro semanas- comenzar a vender instrumentos en un sistema de subastas a la que tienen un acceso restringido algunos participantes del mercado, por la vía de una reglamentación obstructiva. Ahora, obtener dólares para pagar servicios o importar mercancía, es solamente posible a través de la subasta de títulos del BCV y a través de Cadivi que limitó hace mucho tiempo, la posibilidad de solicitar divisas, a un grupo reducido de productos relativos a la alimentación, la salud y los bienes e insumos de capital. Cadivi está entregando hoy divisas que debería haber entregado hace más de nueve meses. Vamos por seis semanas de dieta obligada de verdes, en un país donde prácticamente todo debe importarse, pues este gobierno se dedicó sistemáticamente a acabar con cuanto ejercicio productivo encontraba a su paso, para llenarnos de una mentira socialista que sólo produce cuentos y propaganda roja. Piense en las implicaciones de no poder conseguir dólares y lo invito a que paseemos por algunas consecuencias, sólo alguna de ellas, para que entienda lo peligroso de la situación. Las compañías telefónicas deben pagar en dólares los servicios que contratan afuera, léase, los usos de satélites, bandas de comunicación y conexiones con troncales exteriores. Lo mismo sucede con las cableras, que deben generar pagos en dólares para sostener las programaciones de sus canales. Repuestos automotrices, cartuchos para fotocopiadoras, computadoras personales, electrodomésticos sencillos, pasando por planchas y licuadoras, hasta los hornos de microondas. Reaseguros que deben pagar las compañías aseguradoras para contratar coberturas de riesgos en el exterior. La mitad de las personas en este país se dedica a la venta de productos bajo el modelo de buhonería, de artículos importados, que dejaran de encontrar en los mayoristas donde solían ir a comprar. La gran mayoría de los neumáticos que requiere el mercado son importados, pues las fábricas solo producen los de mayor demanda. Todos los cosméticos que venían de afuera. Teléfonos celulares, televisores, toda la electrónica para reproducir imágenes y sonidos. Mas grave que todo lo que le he nombrado es el hecho de que compañías internacionales no pueden repatriar sus dividendos y en esas condiciones, se verán obligadas a cerrar, aumentando el desempleo que ya ronda por todas las esquinas. Casi toda la comida que encontramos en el supermercado es importada y los inventarios de comida son muy volátiles. Seis semanas son muchas semanas para algo tan delicado como la seguridad alimentaria. Pronto veremos los huecos en los estantes y seguramente dirán que se trata de un complot, una guarimba o una guerra económica. Faltan catorce semanas para las elecciones y en catorce semanas las fallas de inventario nos harán ver como una Cuba cualquiera.