Socialismo y comunismo: La misma cosa

La Alianza Internacional de Derechos de Propiedad acaba de clasificar a Venezuela en el puesto 123 de 125 naciones, por debajo de Zimbabue y Cuba y sólo por encima de Costa de Marfil y Bangladesh. El informe señala lo que es obvio para una gran mayoría de venezolanos que, durante estos largos once años, han visto desconocidos y confiscados sus derechos de propiedad. Esta triste historia comenzó con el "rescate" de tierras agrícolas como excusa para de luchar contra el latifundio, lo que no impidió al gobierno llevarse por delante propiedades de todos los tamaños y características, muchas de ellas demostradamente productivas y de modesta extensión. Con la última reforma a la Ley de Tierras se legalizan una cantidad tal de razones para expropiar un predio que en la práctica se erradica la propiedad privada en el campo. Continuó con la expropiación de numerosas empresas con la excusa de su supuesto carácter estratégico. Así se nacionalizó todo el sector petrolero, eléctrico y gran parte del sector de telecomunicaciones y empresas de sectores básicos, de distribución de alimentos y multitud de otras actividades conexas.Mientras tanto, en las ciudades, las autoridades alentaban invasiones y tomas de edificios o terrenos en supuesto abandono, en remodelación o estratégicamente ubicados. En ese entonces, expertos alertaban que el ataque contra la propiedad no iba dirigido sólo contra grandes terratenientes ni corporaciones. Éste vendría más temprano que tarde contra el pequeño propietario, ya que se trata de un ataque contra los cimientos de la economía venezolana; contra la libertad humana de emprender, de elegir, de crecer, de tener medios para satisfacer las propias necesidades de manera autónoma sin depender de manera directa de un Gobierno y sus dádivas. Durante los últimos meses esto ha quedado claro. A finales de 2009 el presidente Chávez ordenó expropiar pequeños comercios en el centro de Caracas, con lo que quedaron cesantes cientos de personas de oficios modestos. También se limitaron los derechos de todos los concesionarios de los mercados municipales quienes quedaron bajo la égida de algún alcalde oficialista. Esos pequeños comerciantes hoy no pueden disponer de lo que construyeron, se les impide traspasar e incluso legar la concesión y se les imponen condiciones que hacen inviable su permanencia, mientras se le hostiga y amenaza. Esta misma semana, se desalojó de improviso una humilde zapatería en el centro de Caracas, cuyos dueños tenían más de 40 años ejerciendo ese oficio. La excusa ha sido la expropiación del Edificio Gradillas que pertenece al Episcopado. Quedaron en la calle sus tres empleados y los dos dueños de avanzada edad con su inventario de más de 14.000 pares de zapatos. También está el caso de Friosa la más grande distribuidora de alimentos del Edo. Bolívar que fue intervenida en mayo de este año por 90 días, durante los cuales sus ventas bajaron en 70% deteriorándose las condiciones de trabajo. De nada valen las protestas de los trabajadores que públicamente han demostrado, desde el abandono de las instalaciones y vehículos hasta el mal estado de los alimentos que están procesando para proveer a los comedores de las empresas básicas. Se prorrogó la toma por otros 90 días y el que proteste corre el riesgo de quedarse ahora en la calle. Cómo lo dijo Fidel: el Socialismo y el comunismo son la misma cosa.