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lunes, 14 de diciembre de 2009

La Entrevista de RCTV con Diego Arria Salicetti

La Venezuela kafkiana


Por: Antonio Sánchez García - Desde EL PROCESO de Kafka, se hizo consciencia literaria de un hecho francamente aterrador: la desaparición de la justicia en el laberinto burocrático del Poder total y la coronación de la máxima perversión judial imaginable: la conversión del proceso mismo en la máxima pena. “Una de las consecuencias que cabe extraer de esa naturaleza autorreferencial del juicio es que la pena no sigue al juicio sino que éste es él mismo la pena (nullum judicium sine poena). Se podría decir incluso que toda la pena está en el juicio, que la pena impuesta – la prisión, el verdugo – sólo interesa en la medida en que es, por decirlo así , una prolongación del juicio”. Dicho en términos directos, bajo los parámetros de sometimiento de la justicia a los afanes totalitarios del presidente de la república en la Venezuela de hoy no se trata de ejercer justicia: se trata de castigar. No se trata de someter a proceso: se trata de aherrojar al detenido en las mazmorras del Poder. No se trata de hacer valer la ley: se trata de imponer por medio de la violencia judicial el capricho presidencial. Esta aberración, sólo posible en regímenes totalitarios, se hace manifiesta entre nosotros por dos expedientes acontecidos casi simultáneamente, con diferencia de horas: la detención de una jueza por dictar libertad condicional, siguiendo al pie de la letra el predicamento legal, y la detención de un ciudadano por iniciar una huelga de hambre. Si se agrega a estos dos sucesos la mantención en prisión de Eligio Cedeño por casi tres años, se comprende el sentido de la cita de Giorgio Agamben: en Venezuela, la justicia subordinada a la prepotencia imperial y despótica del teniente coronel Hugo Chávez ha convertido el proceso en pena, el juicio en castigo. Con un agravante: no cabe en su caso hablar ni siquiera de proceso. Son hechos tan aterradores y desnudan de manera tan fehaciente la desaparición de la justicia bajo este régimen, que asombra que aún existan quienes duden de la naturaleza dictatorial del gobierno imperante. En Venezuela desapareció la justicia. Se extinguen no sólo los derechos procesales: se castiga a quien los respeta y se premia a quien los conculca. Dos juezas representan a la perfección la aberración del estado de cosas y la imperiosa necesidad de acabar con este perverso sistema de atropellos, abusos e iniquidades tan pronto como nos sea posible y por los medios que puedan hacer realidad este patriótico y democrático propósito: Leidy Azuaje, suprema encargada de pisotear en nombre de la justicia sistemática y de manera cruel e inclemente precisamente los derechos de quienes se ven aherrojados a las mazmorras del régimen por causales ajenas a la justicia y de naturaleza exclusivamente políticas. A su haber, por nombrar sólo algunos casos: prohibición de hacer uso de sus oficinas en el Edif. Rialto al Director de Cultura de la Alcaldía Metropolitana, Víctor Carrillo; privativa de libertad contra el prefecto de la misma Alcaldía, Richard Blanco; privativa de libertad contra el dirigente político Oscar Pérez. El último de sus atropellos propios de un régimen totalitario lo ejerce precisamente en desmedro de su honrosa contrafigura, la jueza María Lourdes Afiuni, quien haciendo uso de sus derechos y obligaciones le concedió el derecho a ser procesado en libertad a quien llevaba tres años sin ser procesado ni siquiera en prisión. El cumplimiento del orden legal se convierte en crimen. Encarcelar a quien ejerce justicia, en norma legal. Esta sedicente jueza de la república, que viola consciente y deliberadamente sus obligaciones para con los ciudadanos, la sociedad y el Estado, debiera actualizar sus conocimientos sobre el castigo imprescriptible que corresponde a quienes violan los derechos humanos. Si es cierto que la justicia tarda, pero llega, sobre ella deberá caer todo el peso de la ley. Cuando en nuestro país vuelva a imperar el Estado de Derecho. Como sobre todos quienes por oportunismo, vesania, inmoralidad, inconsciencia o fanatismo han hecho escarnio y burla de la institución de justicia. Palabra de honor.

El fusil de Bolívar


Por: Pablo Aure - La semana pasada, el prócer de nuevo cuño, sentenció lo siguiente: “A la jueza esa deberían meterle 30 años de cárcel. Simón Bolívar hizo un decreto: aquél que tome un centavo del Tesoro público será pasado por las armas, es decir, fusilado, y el juez que no lo hiciera será también pasado por las armas”.Sinceramente, si algo tenemos que deducir sobre estas palabras de Hugo Rafael, no es algo distinto a exclamar: Ese hombre no quiere a su familia. La verdad es esa. Si Bolívar estuviera vivo, yo creo que ningún miembro del clan Chávez se hubiese salvado, comenzando por el mismísimo jefe de Estado. Cuántos millones no ha tomado del Tesoro nacional para regalárselo a Fidel, a Evo, a Daniel Ortega, a Rafael Correa, y probablemente al finado Manuel “tirofijo” Marulanda, o al “mono Jojoy”. Quizás bajo ese mismo concepto hoy no tendríamos ningún magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia, o, la Asamblea Nacional estuviera llena de cruces con las letras Q.E.P.D. y en todos los ministerios se vestirían de luto cerrado. Esa sería la situación actual, si tomáramos como válidas las afirmaciones de Hugo Rafael referidas al Libertador.En el comunismo no se tolera la separación ni la autonomía de los Poderes. Lo que está planteado es la institucionalización constitucional del poder único, especie de regresión a la premodernidad, sin ningún sustento racional, fuera de los parámetros del mundo civilizado. No existe la división de los Poderes. Hay un solo poder. Claro, el de la autocracia, el del dictador, el del viejo monarca que cumplía su capricho antes del siglo de las luces, y antes de la toma de la Bastilla y todo lo demás. Es un arrebato estalinista de comienzos del siglo XX, que concentró las fauces del Estado en una sola persona, criminalizando la disidencia, dictando las leyes que quería y ordenando la justicia a su antojo; por ello, no extraña que a la jueza María Afiuni que ellos -los chavistas- nombraron, en el área Metropolitana, sin Debido Proceso, sin investigación previa, el ejecutivo, el poder, de inmediato la detenga, la juzgue y la condene, sin la intervención de ningún otro órgano del Estado, incluso, con la entrega informal de los mismos. Como ya lo hemos dicho, con prescindencia de su decisión, ella, como cualquier ciudadano venezolano, tiene el derecho a la defensa y sus decisiones deben ser respetadas o impugnadas por los órganos competentes. Si del contenido de la misma se sugiere un delito, la Fiscalía, en vez de cumplir la orden presidencial, ha debido mandar a callar al presidente y tomar las riendas del proceso. Por ello no les gusta ni la división, ni la separación. Les gusta es la subordinación de unos individuos, que no tienen poder, que están a la merced de los designios del único que lo posee en la realidad.

¡Hasta cuándo! Sin autonomía judicial


Por: Pablo Aure - De manera categórica debe entenderlo el pueblo y el mundo entero: Aquí el único poder que existe es el poder de un dictador; los demás, son letra muerta plasmada en el texto constitucional. Lo ha expresado enfáticamente nada menos y nada más que la presidenta del Poder que se supone es el garante de la constitucionalidad, la Dra. Luisa Estela Morales, ella lo dijo: “...la separación de poderes debilita al Estado”... ¡vaya zalamería revolucionaria!Lo hemos visto infinidad de veces: Los jueces, para este régimen rojo rojito, son sus peones, sus esclavos y, por qué no decirlo, sus esbirros. Esto no quiere significar que dentro de la magistratura no existan jueces honestos. No tengo dudas que algunos todavía se encuentran allí porque el régimen aún no los ha necesitado. Por ahora hay muchos que voluntariamente se ofrecen para realizar el trabajo sucio.Quise hacer esta introducción para referirme al caso de la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, quien la semana pasada decreto una medida de libertad para Eligio Cedeño, que se encontraba preso desde hace dos años. No conozco la trayectoria de la jueza ni tampoco la del empresario. Lo que tiene que resaltarse en todo esto es que un juez puede absolver o condenar a un culpable y esa decisión sólo puede revisarla y cuestionarla otro juez superior y nunca el jefe del poder ejecutivo. Una garantía del Estado constitucional de Derecho es justamente la de la autonomía de los jueces. Y otra, la de la presunción de inocencia, por lo que a nadie podría encarcelársele (o mejor, imponérsele cualquier pena o sanción) mientras no exista una decisión judicial definitivamente firme que determine su culpabilidad.Dicho esto, veamos qué hizo la jueza Afiuni: En uso de sus atribuciones judiciales le otorgó la libertad bajo presentación a alguien que estaba sometido a su jurisdicción, quien al ser liberado aprovechó la ocasión para supuestamente desaparecer. Pues bien, a dicha jueza, desde el mismo momento en que se publicó su decisión, la Disip (policía política) la detuvo junto a sus alguaciles. Algo monstruoso, que en ningún país civilizado del mundo podría comprenderse. Esa jueza tenía esa facultad legal, y si su decisión era infundada, nada ni nadie que no sea el tribunal de alzada puede cuestionarla.Insisto, no conozco los intríngulis del caso ni qué hubo detrás de la detención del empresario Cedeño, ni tampoco en qué fundó la señora jueza la decisión de liberarlo. Pero, de lo que no existe duda, es que ésa era una potestad que tenía la jueza. Pero lo que nunca imaginamos es que, por una orden presidencial, a la jueza debía reprimírsele, no solamente disciplinariamente, sino penalmente, y sin debido proceso.

Joseph Heller

En esta vida
algunos hombres nacen mediocres,
otros logran mediocridad
y a otros la mediocridad les cae encima.

HELLER, Joseph

Marco Aurelio

El verdadero modo
de vengarse de un enemigo
es no parecérsele.
MARCO AURELIO, Emperador