Fronteras y seguridad

Por: Enrique Prieto Silva - eprietos@cantv.net - La verdadera relación conflictiva entre Colombia y Venezuela surge del estado de inseguridad que ambos países ofrecen en sus fronteras. Venezuela reclama a Colombia el abandono en que ésta mantiene la frontera que se le enfrenta, cuyo vacío militar, permite el libre ejercicio y acción de la guerrilla, del paramilitarismo y del narcotráfico, a lo que se ha sumado la delincuencia común agravado con las especialidades del secuestro y el sicariato. No es secreto, que las autoridades civiles y policiales de estas zonas, no solo toleran por temor esta acción, sino que en muchas partes les brindan su apoyo, lo que hace más peligrosa su acometida. Esto ha permito con el transcurrir del tiempo, que la guerrilla, a pesar del exitoso enfrentamiento del gobierno de Uribe, aún se mantenga con una organización en las fronteras de Venezuela y Ecuador bien diseminada territorialmente, logísticamente sólida y muy clara en el cambio de sus objetivos políticos. En Venezuela, antes del gobierno del presidente Chávez, la preocupación por la seguridad fronteriza obligó a los gobernantes y a sus Fuerzas Armadas a crear una infraestructura militar que, muy a pesar de su inadecuada organización y fundamento jurídico, le sirvió para crear un poco de confianza entre los pobladores de la zona, quiénes, sin embargo, nunca se sintieron conformes, toda vez que es imposible luchar contra un “fantasma” (la guerrilla, paramilitarismo y delincuencia) que en territorio venezolano lo adecua la legislación a la delincuencia común, con débil acción por las autoridades nacionales, dirigidas por un gobierno central que enfrenta al gobierno regional que no es de su parcialidad política, y, para mayor gravedad, les niega los recursos necesarios para enfrentar la inseguridad.
No es de olvidar en el plano de las diferencias, la facilidad conque Venezuela puede desplazar unidades o movilizar sus Fuerzas Armadas hacia sus fronteras en corto tiempo, a diferencia de Colombia, que se ve afectada por la dificultad y el costo de estas operaciones, por lo que es obvio mencionar que, para controlar militarmente a los irregulares, cosa demostrada como imposible hoy, Colombia requeriría por las características del medio físico, de un ejército numéricamente equivalente al triple o al cuádruplo del actual. En el tratamiento de la guerrilla, debemos partir del criterio que, una cosa es la delimitación del Estado y la seguridad de los límites y fronteras, las cuales cada Estado debe preservar y proteger mientras se mantenga el criterio de soberanía que aún priva en el Derecho Internacional y, otra es la ayuda que debe prestar cada país al vecino, cuando las circunstancias fenomenológicas o políticas crean situaciones críticas, cuyo desenlace es dificultoso para la acción gubernamental, bien sea por la acción social interna o por conflictos que emanan o surgen de la relación binacional. Es este el caso de la relación colombo-venezolana, donde las acciones de los grupos guerrilleros, paramilitares y del narcotráfico, han creado una confusión interpretativa en ambas naciones, dada la diferencia del tratamiento de los problemas que penetran a través de las fronteras y alertan las acciones de seguridad del Estado, evidentemente tratados en forma diferenciada en Colombia y Venezuela. Sin poder variar de criterio, es indiscutible que Venezuela y Colombia seguirán siendo países fronterizos. Por ello, debe pensarse siempre en soluciones coordinadas, combinadas o apoyadas, para enfrentar los problemas que con intención o no, involucren a ambos países. Sería nefasta, que no es el caso, una acción unilateral de fuerza solicitada o impuesta por otros países extraños, como se ha publicitado (intervención unilateral o combinada liderada por USA), donde no tiene ni arte ni parte Venezuela, ya que si bien es cierto que con ello podría lograrse la paz inmediata por la fuerza de las bombas, jamás se podrán sanar las heridas que surgirían de una acción de esta naturaleza. Pareciera entonces como un reclamo, la implementación racional de una política única en el manejo de las relaciones entre Venezuela y Colombia, a pesar de la disparidad de criterios surgida entre los líderes de ambas naciones. En Colombia, por ejemplo, líderes de los grupos guerrilleros hacen esfuerzos por establecer contactos directos con los gobernantes venezolanos, lo que no es bien visto por el gobierno de Colombia, quien ha protestado al respecto. Y, en Venezuela, durante los tres períodos gubernamentales de Chávez, se ha aceptado este llamado, concretado en entrevistas en el estado Vargas y con el presidente, sin olvidar que hace algún tiempo el teniente coronel Francisco Arias Cárdenas, siendo gobernador del Estado Zulia, aseguró la intensificació n de las negociaciones entre el ejecutivo regional y los principales frentes de la guerrilla colombiana, como parte de un proyecto que pretendió erradicar de la frontera colombo-venezolana la amenaza perenne de las acciones subversivas. En esa oportunidad, Cárdenas declaró: “No queremos acostumbrarnos a tener una vivencia de pánico y terror como la tiene el pueblo de Colombia. Y esperamos que el gobierno nacional busque una salida a la problemática que representa el secuestro y el abigeato”. Esta sentencia, dejó entrever a las claras, su reto a ambos presidentes como una necesidad momentánea y coyuntural, mientras se establecieran los acuerdos, por lo que el ELN se comprometió a declarar la zona fronteriza como territorio de “no intervención”, suspendiendo los plagios. Dentro del análisis, esta decisión unilateral de Arias Cárdenas, pareció ser una política tomada al margen de la que al respecto manejaban el Presidente Chávez y su canciller José Vicente Rangel, quienes trataron de mantener un lenguaje de conciliación con el gobierno de Pastrana, aunque su contenido se volvió ambivalente, producto de las acciones que los grupos guerrilleros tomaban en la frontera. Es también de interés mencionar el encuentro entre un grupo de diputados y senadores venezolanos con el jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Tirofijo, en la hoy inexistente zona de despeje, cuando el “comandante” Ariel, representante de la Comisión Internacional de las FARC, tramitó la invitación, cuyo objetivo, al parecer, sería la conformación de “una especie de comisión evaluadora” del acontecer fronterizo y. por su parte, Rafael Uzcátegui, miembro de Política Exterior de Diputados, manifestó que “ellos señalan haber colaborado en el esclarecimiento de muchos secuestros, pero que sus sugerencias no se toman en cuenta”. En el encuentro, sería analizada una propuesta sobre drogas relacionada con Cartagena del Chaquerá, uno de los municipios donde existe más cultivo de coca y se implementó un plan de erradicación de siembras, con el compromiso de aceptación por los países afectados y consumidores. Los legisladores venezolanos fueron dejados en libertad de preparar su agenda, que según Uzcátegui se concentraría en la influencia de la guerrilla en zonas vitales para los ríos venezolanos, el problema de la tala y de la quema en las cabeceras. Y, este sentido abarcar el tema del desarrollo del Eje Meta-Orinoco, cuyo interés manifiesto del presidente Pastrana fue abordado por éste en visita a Japón, país que manifestó su disposición a invertir en él, siempre y cuando se controlara la acción de los irregulares. Igualmente, se mencionó la similitud de estrategia que podría aplicarse a la propuesta de Chávez sobre su hoy olvidado el Eje Orinoco-Apure que conformó el tema colateral. Se trataría el tema de la presunta actividad de “mafias” que estarían en el cobro de seguros y la voladura de oleoductos que genera un efecto altamente contaminante para las aguas comunes. Estas entrevistas, según los voceros del Congreso venezolano, deberían ser paralelas a las conversaciones con las FARC, en acuerdo con el gobierno colombiano, y en el marco de ellas, consolidar un acuerdo para que no continuaran las actividades de las FARC en la frontera y que de haber algún secuestrado venezolano debería ser liberado. Todo esto pareciera un mito o ficción, que en opinión de los legisladores, en su mayoría hoy fuera del control omnímodo de Chávez, “Venezuela no puede estar de espaldas a un proceso tan importante. Para nosotros es fundamental tener alguna vía de comunicación y expresar nuestra visión de los temas que conforman la agenda binacional”. No hay dudas, sigue siendo necesario lo binacional. Debemos insistir, en que la guerrilla no es un problema que pueda tratarse extra fronteras, como ha pretendido hacerse en Venezuela. Ella en sí, es también una metodología bélica, en Colombia inicialmente subversiva, por lo que va unida irremediablemente al concepto de gobierno. Movimiento, que transformado en terrorista con calificación universal, dejó de ser un movimiento subversivo con pretensiones de ilegitimar el gobierno y de hecho asumir el poder en su país, para convertirse en un movimiento adversado por todas las democracias del mundo. Antes, atacar Venezuela unilateralmente a la guerrilla colombiana, era involucrarse en un problema estrictamente colombiano, pero hoy para Venezuela, los actos delictivos que cometen estos supuestos guerrilleros colombianos, tienen obligatoriamente que ser manejados con acciones policiales y con la legislación ordinaria, aún cuando sean perseguidos por las Fuerzas Armadas venezolana. Su juzgamiento por los tribunales militares solo debe hacerse, contra delitos de “naturaleza militar” (Art. 261 de la CRBV) cometidos contra las Fuerzas Armadas, vistos como acciones contra el Estado.