El petróleo, antes y después

Por: Alberto Rodriguez Barrera - Raíces (61) - Las compañías petroleras habían oteado el panorama venezolano, a partir del golpe de Estado de noviembre de 1948, y lo hallaron en extremo propicio. En vez del régimen democrático, fuerte por la autoridad moral que le venía de su limpio origen comicial y de su respaldo mayoritario de la opinión pública, entró a gobernar el país un triunvirato militar llegado por asalto al poder, repudiado por el pueblo, acomplejado e intrínsecamente débil por el origen espurio de su mandato. El Gobierno democrático respondía a un programa ideológico coherente y lo aplicaban hombres de una elevada ética moral y personal, y los aventureros alzados con el poder después del derrocamiento de Gallegos carecían de ideas claras en cuanto a las relaciones del Estado venezolano con los inversionistas extranjeros, ignorancia que, por otra parte, también les caracterizaba con respecto a las demás materias vinculadas al interés público. El apetito sensual del poder, la gana de mandar, se conjugaba con la total ausencia de escrúpulos morales. Se trataba de una claque gobernante que, al igual de las de su mismo matiz totalitario instaladas en otras naciones, iba a actualizar todas las formas de enriquecimiento ilícito, del tráfico de influencias, de la venalidad administrativa; charca de aguas sucias donde se manejaban con extraordinaria familiaridad unas empresas que se formaron, prosperaron y se hicieron multimillonarias dentro del corrompido ambiente del despotismo gomecista. Y, por último, la carencia de sensibilidad social del grupo usurpador y el rencor que profesaba a las clases trabajadoras, porque éstas lo repudiaban abierta y retadoramente, lo predisponía para ser liquidador del movimiento sindical y para entregar a los obreros del petróleo, en estado de total indefensión, en manos de sus patronos, y de ello se tuvo concreta evidencia con la persecución desatada contra las organizaciones sindicales desde el momento mismo del cuartelazo, que culminó, en su primera etapa, con la disolución por decreto administrativo, el 25 de febrero de 1949, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Las compañías petroleras se prepararon para usufructuar, hasta el máximo, la coyuntura propicia creada por la circunstancia de que un Gobierno responsable y nacido del voto popular hubiese sido suplantado por un régimen surgido de una asonada de cuartel y cuyos dirigentes no se sentían comprometidos con el destino del país. La tarea era fácil en el campo de las relaciones entre los nuevos gobernantes y las empresas, pero no así desde el punto de vista de la opinión pública. El hombre medio venezolano había adquirido ya una noción bastante aproximada del problema nacional del petróleo. El sistema de abierta discusión de las cuestiones vinculadas al interés público que caracterizó al trienio de Gobierno democrático, del 45 al 48, hizo que el país pasara de espectador pasivo de la forma como se administraba su principal y, para entonces, casi única fuente de riqueza, a ser sector interesado en todo cuanto se relacionaba con la industria del petróleo. Estas consideraciones llevaron a las compañías a conjugar su política de cabildeo y trastienda en los despachos ministeriales con una hábil, coordinada y desorientadora campaña de prensa y tribuna. La finalidad de esa campaña fue la de llevar a la opinión pública la impresión de que debía darse marcha atrás a la política de petróleos aplicada por Acción Democrática, insinuándose que se estaba conduciendo al país a una catástrofe económica y fiscal. Las especificidades de esta historia están en el libro de Rómulo Betancourt "Venezuela, Política y Petróleo". Se buscaba volver a la política de concesiones petroleras y AD se comprometió a no reconocer a futuro esos negociados turbios, además de que un nuevo proceso de otorgamiento de concesiones –en contratos de inconfundible fisonomía colonial- conduciría al control total por el cártel del petróleo de las tierras ricas en reservas del mineral que aún pertenecían cabalmente al pueblo venezolano. Se repartieron 80.000 hectáreas fraudulentamente, luego llegaron hasta 400.000 hectáreas persiguiendo la meta de terminar entregando 7.400.000 acres más, que unidos a los 6.000.000 de hectáreas ya bajo control de las compañías hubiera implicado la ocupación virtual de la nación por empresas extranjeras. Los llamados "tres grandes" de la industria en Venezuela –Creole, Shell y Mene Grande-, que ya controlaban el 90% de la producción, fueron los más favorecidos. Las concesiones se entregaron por lapsos de 40 años. Y Pérez Jiménez utilizó parte del dinero para comprar popularidad con algunas obras públicas. Al pueblo se le mantuvo sin información alguna sobre estas escandalosas negociaciones, como es típico de las autocracias que se embolsillan los dineros públicos. Respecto a impuestos, se retornó así al sistema exaccionador, típicamente colonial, de los días de Gómez y aun de épocas posteriores. El cártel del petróleo, con la complicidad evidente de los gobernantes de entonces, convirtió de nuevo a Venezuela en feudo particular, que explotaban y empobrecían a ritmo desorbitado. La extorsión de Venezuela por los consorcios del petróleo es fácilmente demostrable con cualquier estudio somero de las cifras de la época. Lo que la industria petrolera aportó a la economía del país en 1948 ($765,2), ya para 1951 se había reducido ($608). De las divisas que debían ingresar al país (sobre $7 mil millones), ingresó mucho menos ($2 mil millones). Los bolsillos sátrapas se llenaban sin que nadie se enterara (creían ellos). Las cifras revelan que en sólo dos años (1950-1951), las sobre-utilidades obtenidas en Venezuela por el cártel internacional del petróleo equivalieron a casi la totalidad de uno de los Presupuestos anuales de gastos del Estado y a la cuarta parte del capital extranjero invertido en la industria. Este despojo hecho a la nación continuó a ritmo constante, empobreciendo al país. Un Gobierno usurpador, sin respaldo de opinión pública, es impotente para enfrentarse a la agresiva acción expoliadora. Las fuerzas armadas y policiales, controladas por un pequeño núcleo de oficiales cómplices del pequeño déspota, pueden arrebatar al pueblo sus derechos ciudadanos, pero ante el extranjero poderoso dejan esquilmar al país y más bien se lo ofrecen como oveja propiciatoria. Véase la expoliación para 1954: la producción de petróleo extraída de los depósitos de Venezuela batió todas las marcas alcanzadas en años anteriores. En ese año las compañías petroleras sacaron 110 millones de metros cúbicos, a razón de 1.895.000 barriles diarios. Semejante producción representó un aumento del 7% sobre el año de 1953 y del 70,82% sobre el año 1948. Pero las compañías se llevaron en 1954 $800,6 millones, que apenas representaban un aumento de 1,49% sobre los $788,86 millones llevados en 1953. Nótese muy nítidamente en ese año la desproporción entre el aumento de la producción, de un 7%, y el aumento de los dólares que las compañías llevaron a Venezuela: apenas 1,49%. Pero realmente alarmante resulta la comparación cuando se remonta a 1948, último año de Gobierno democrático. En aquel año, las compañías llevaron al país $708,91 millones; y al establecerse comparación con los $800,6 millones llevados en 1954, resulta que el aumento en dólares de este último año fue de apenas 11,45%, mientras el aumento de la producción fue de 79,82%. Acción Democrática –en sus publicaciones clandestinas dentro de Venezuela, y en las hechas desde el exilio- machacó estos números y otros, como la relación con los precios del petróleo, con la intención confesa de mantener informada a la opinión venezolana e internacional, ya que hubiera sido ingenuidad aspirar a que torcieran sus rumbos entreguistas los gobernantes militarizados, quienes de empeñaban en desorientar y engañar a los venezolanos, oponiendo a las cifras y estimaciones reales sus cálculos acomodaticios, desparramados en memorias y cuentas amañadas, manipuladas, carentes de veracidad y solvencia. El desastre autocrático, viviendo en "estado de sitio" y en persecución de sindicalistas, echaba a la calle a millares de trabajadores, con una drástica disminución de empleos, obligando a la población a adoptar nuevos sistemas de vida. La resistencia obrera fue una lucha heroica. La dictadura, floja y ladrona, se afincó en la dependencia de una sola fuente de ingresos: impuestos, salarios y otras aportaciones del petróleo a la economía venezolana, vinculando el destino del país a un elemento aleatorio. Imponían una dictadura implacable hacia los nativos y sumisa ante el inversionista extranjero. Se fue acumulando así el rencor de los venezolanos por el trato de factoría cuartelaria que se le daba al país. El resentimiento nacional por el maridaje entre opresión política y explotación económica se traducía en reacciones contrarias a la camarilla asfixiante e "intelectual" del dictador. Prefiriendo la codestrucción a la coexistencia, la paz se alejaba cada vez más del pueblo con la ayuda de la rapacidad o el lucro de las empresas petroleras. Acción Democrática había adoptabo una actitud meditada y responsable en lo que respecta a los Estados Unidos. Reconocía la realidad obvia de las ligazones que nuestro país tiene, en el orden político y económico, con la única gran potencia del continente americano, por ende, de poderosa gravitación universal. La economía y la geografía han determinado un tipo de correlación muy definida no sólo entre los Estados Unidos y Venezuela, sino entre ambas Américas, ya que a este respecto hay sólo diferencias de matices entre la situación nuestra y la de otras naciones del continente. Esa relación interamericana no debía teñirse ni de sumisión colonialista ni de provocadora agresividad verbal. La primera actitud, la colonialista, la adoptan quienes renegaron de la herencia que nos dejaron generaciones sacrificadas para hacer posible la independencia política latinoamericana. La antiyanki a rajatabla es propia de minorías vocingleras, comunistas o que sin serlo copian miméticamente su estrategia; en todo caso por movimientos políticos sin perspectivas ni vocación para gobernar. Otra tiene que ser la actitud de las corrientes populares con sólido arraigo en la fe colectiva. Partidos llamados por inevadibles responsabilidades a ejercer una influencia rectora en los rumbos de un país no pueden ni deben ser, en la América Latina, ni pitiyankis ni yancófobos. No se trata de una basiyélmica posición de compromiso, tarada de oportunismo. Caminar por rutas asfaltadas no es el destino de los movimientos políticos y de los gobiernos que tuercen el rumbo de la historia de un país. Obstáculos internos e incomprensibles en el campo internacional deberá afrontar el régimen que encare, para resolverlo en forma satisfactoria para Venezuela y duradera en el tiempo, el básico problema del petróleo. Pero por la fe que debe asistir a la madurez política del pueblo venezolano, tampoco debía haber duda sobre el porvenir. Debía llegarse progresivamente a un control de las palancas de comando de la industria petrolera y, por ende, de la rectoría de su propio destino. Siempre habrá dificultades, como cuando la dictadura perezjimenista y en el presente, en la aplicación de una política de petróleos. Ese obstáculo provendrá de las reacciones de la opinión pública, irritada ante el compadrazgo y la complicidad tan visibles como desafiadores entre los negociados petroleros y los aspirantes acogotadores a un rampante despotismo. Las corrientes populares organizadas de Venezuela que profesan un credo militante de democracia política y de nacionalismo económico, otean con inquietud el futuro, por el conocimiento que tienen de esos sentimientos generalizados en la población. Luchan con constancia para hallarle una solución a la dramática crisis política y social que vive el país. Si esa solución se retardare, las reservas de descontento que se están acumulando en el subconsciente colectivo podrían determinar, para algunos problemas nacionales, tratamientos más radicales de los que aconseja un ponderado análisis de los mismos. Como siempre, el petróleo estará en el centro de las estrategias.